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    2018-10-26

    “La idea de un mercado que se regula lipoxygenase inhibitor sí mismo es una idea puramente utópica. Una institución como ésta no podía existir de forma duradera sin aniquilar la sustancia humana y la naturaleza de la sociedad”. La reforma del Estado que la época reclama para encaminarse a un cambio fundamental debe tener como eje maestro una reforma social del propio Estado. No puede reducirse a satisfacer demandas específicas de cambios en el uso de los recursos o la conformación institucional; para ser un componente y un catalizador de una efectiva y radical “reforma de las reformas”, debe centrarse en la reconstrucción de los tejidos y procesos sociales básicos que implica, a su vez, una redistribución del poder, un reacomodo radical de las relaciones y pesos entre las esferas de la economía y su comando en la asignación de los recursos y la distribución de los ingresos y la riqueza. También, sin duda, en la esfera del poder político y administrativo y en la propia división del trabajo dentro del Estado. Por ello, la necesidad ineludible de contar con Estados fiscales, fuertes y dinámicos. Sólo así podrá intentarse la delicada, veleidosa, combinación de dinamismo económico con redistribución, estabilidad social y macroeconómica. Frente a la ortodoxia, postulaba nuestro querido Fernando Fajnzylber, América Latina requiere un sistema industrial competitivo en el ámbito internacional pero en un contexto de equidad. En y frente a la crisis y la recuperación difícil que se vive, la normalidad reclama ser revisitada desde la dura experiencia de estos años: “Volver a la normalidad va más allá de hacer que las tasas de crecimiento se recuperen y que el aparato productivo salga de su recesión. Implica que se volverá a una ‘normalidad’ distinta (…)”. La experiencia nos permite y obliga a ir más allá de estas consideraciones. Lo que se impone hoy es colocar lo social como punto de partida para reordenar objetivos y visiones de la macroeconomía y del desarrollo. Esta reinversión de funciones puede probarse no sólo útil para la estabilidad política, sino convertirse en una fuente renovable de actualización y profundización de la legitimidad democrática y del Estado. Pensar la política social como componente indispensable y no residual del desarrollo democrático podría volverse así empresa civilizatoria. La justicia social, repetimos, es inseparable del derecho al desarrollo; la noción de justicia social, postulaba Jorge Carpizo, rector magnífico de la unam, “no se encuentra en desuso (…) La fuerza especial del concepto de justicia social se encuentra en que, además de su significado jurídico y constitucional, se impregna de carácter sociológico y, en particular, de un sentido de equidad”. Es un derecho ciudadano y se realización debería ser una prioridad para los Estados, en la crisis y más allá de ella. Como ha dicho la filósofa española Adela Cortina: “Estado democrático, economía ética y ciudadanía activa forman el trípode en el que se sustenta una sociedad desarrollada. En articular los esfuerzos de estos tres poderes -el político, el económico y lipoxygenase inhibitor el cívico- reside la piedra filosofal de los nuevos tiempos (…)”. En el pensamiento histórico fundado por Prebisch también ha sido persistente el litigio con la dificultad del Estado que, al final de cuentas, es la relación entre la sociedad y el poder. La saga es larga: del protodesarrollismo a Cytosol la economía mixta y a una planificación innovadora; del gran proyecto de transformación, desarrollo e integración, al Estado acorralado y la relación amputada por la violencia pura y dura de la dictadura. De ahí despega la pretensión grotesca de una reforma radical, “revolucionaria”, del Estado para rehacer el presente a partir de la reinvención de una historia engañosa: la edad de oro de un Estado mínimo y una economía de competencia perfecta que saltaría a la inserción en un ilusorio mercado mundial unificado: un falso amanecer.