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2. Seguridad social y desequilibrios del mercado de trabajo Desde la creación del sistema de seguridad social en el país, el mercado de trabajo ha desempeñado un papel clave en la concesión de beneficios y protecciones laborales mediante arreglos institucionales entre trabajadores, patrones y el Estado, lo que permitía alcanzar mayores niveles de bienestar social (). Bajo el esquema de seguridad social implantado a mediados del siglo pasado (que reproduce el modelo de Bismarck instituido a finales del siglo xix en Alemania), en un contexto de crecimiento urbano e industrialización, el mercado laboral propiciaba la inserción de los trabajadores asalariados al sistema, lo que ampliaba la cobertura de beneficios sociales para la población y facilitaba su propia sustentabilidad. Estas circunstancias establecían una conexión favorable entre el mercado de trabajo y el sistema de seguridad social que daba al Estado la posibilidad de contar con instrumentos pertinentes para promover el desarrollo social. Sin embargo, a partir de los años ochenta, con los cambios en el diseño de la política económica y en el manejo de las finanzas públicas, el bajo ritmo de crecimiento del pib, el predominio productivo de los sectores de comercio y servicios, las dificultades en la creación de empleo formal y la consolidación de actividades informales (vinculadas principalmente a la subsistencia y a las relaciones de trabajo irregulares), se modificaron las condiciones de sustentabilidad del sistema y se agotó la posibilidad de extender la cobertura de seguridad social para toda la población. Así, la condición laboral de las personas se convirtió en la principal restricción para acceder a los servicios médicos y prestaciones de la seguridad social. Con Aminoallyl-UTP en la información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (inegi) se observa que del año 2000 a 2015 la Población Económicamente Activa (pea) pasó de 39.2 a 52.6 millones de personas y creció a un ritmo ligeramente menor (1.9%) que la tasa de crecimiento medio anual de los trabajadores cotizantes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) (2.4%), que representa el principal indicador de empleo formal. Como se observa en la gráfica 1, la brecha entre ambas variables se ha venido ampliando, especialmente desde 2005, lo que supone que una proporción creciente de la pea se ocupa fuera del mercado laboral formal. Según Camargo (2013), entre 2007 y 2011, más de 780 000 personas buscaron cada año alguna ocupación en la economía informal o ilícita y otros emigraron hacia Estados Unidos para tener mejores oportunidades. En la misma gráfica se observa que el elevado número de personas que pertenecen al mercado laboral informal ha permanecido estable durante los mismos años, tanto si se considera la Tasa de Ocupados en el Sector Informal (tosi1) (con un crecimiento medio anual de -0.3%), como si se toma la Tasa de Informalidad Laboral (til1) (con una tasa de crecimiento de 0.03%). Para subsanar estas limitaciones, desde hace más de una década se han extendido los programas (no contributivos) de protección social, como el Seguro Popular, las pensiones para adultos mayores de 70 años o los programas de transferencias condicionadas, que ofrecen apoyo a penicillin las personas que no están cubiertas por la seguridad social. Estos esfuerzos han implicado, principalmente, el incremento en la cobertura de beneficiarios del Seguro Popular (ver gráfica 2). Si bien esta política ha significado la posibilidad de acceder a servicios de salud a personas que, por su estatus laboral, no contaban con estos beneficios, ha sido insuficiente para proteger el ingreso y mejorar las condiciones de pobreza y de desigualdad en los servicios y prestaciones públicas. Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) muestran que la falta de acceso a la seguridad social afecta de manera particular a ciertos grupos de población y a los trabajadores de algunos sectores de la actividad económica (ver figura 1).