Reconocer los derechos econ micos sociales culturales y ambi

Reconocer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (desca) como parte indisoluble del paquete de la ciudadanía jurídica y política que Occidente reivindica como agenda triunfadora, lleva gpr120 agonist recuperar el tema de la “tercera” ciudadanía, la ciudadanía social, estudiada por T. H. Marshall. Su realización depende no sólo de la generación de recursos materiales e institucionales suficientes, sino de cómo se distribuyan; también de que se implante como un reflejo esencial de los Estados y las sociedades esta indivisibilidad de los derechos. En esto radica la densidad social que las democracias puedan lograr y de ello depende su calidad y duración como orden político fundamental. Así, la evolución de la ciudadanía en y con la globalización podría deslizarse del reclamo elemental de los derechos y las libertades democráticas y cívicas a la participación social en la construcción de economías políticas, organizadas para la equidad y la igualdad, no sólo por su nivel y ritmo de crecimiento sino por el marco político y ético de exigencias que podría erigirse en torno a su centralidad, entonces el derecho al desarrollo devendría en efectivo desarrollo de los derechos. Empero, la globalización incompleta en sus alcances y contenidos, y ahora en crisis, lejos está de haber arrojado los resultados esperados. “Pese a los grandes esfuerzos realizados, decía la cepal al inicio del nuevo siglo y milenio, los resultados de los nuevos patrones de desarrollo son insatisfactorios (…). Esta situación va acompañada, para una gran parte de la población, de una escasa titularidad de sus derechos ciudadanos, que en el terreno jurídico y político se manifiesta en una desigualdad fundamental en el acceso a la justicia y una escasa participación en las decisiones políticas, en tanto que en las esferas económica y social se traduce en disparidad de oportunidades, inestabilidad laboral, bajos ingresos, impedimentos a la movilidad social, particularmente para las mujeres, desconocimiento de la diversidad étnica y cultural, e indefensión frente al infortunio”. La igualdad, su extensión a interphase formas de vida y cultura distintas a las conocidas, su vinculación con la democracia y una participación social más amplia, conformarían la gran extensión del desarrollo, el horizonte y el mandato ético que nos ha propuesto la cepal. Tal es, debería ser también, el futuro de los Estados reformados para asegurar el bienestar.
Estados de Bienestar: el gran compromiso histórico La circunstancia ominosa de la situación actual debería conducir a replantear los términos de la estrategia que llevó a la crisis. La innovación financiera imaginada como “big bang”; la codicia como cultura; la entronización del individualismo posesivo más extremo, etc., llevan hoy a la necesidad redescubierta de su regulación. Junto con esto, la exigencia de contar con Estados fiscales fuertes y dinámicos es insoslayable, sólo así se podrá intentar reeditar la combinación de crecimiento económico con estabilidad social. Ahora, de cara a las disrupciones de la globalización convertidas en extensa crisis desde 2008, se (re)descubre el papel y el carácter del Estado en las economías, así como la urgencia por establecer nuevas y más eficaces formas de conexión entre la economía y la sociedad, atendiendo a la agudización de la cuestión social debida al cambio estructural globalizador y su crisis. Así lo ha hecho la cepal en documentos recientes, en ellos se aboga y argumenta por “dotar al Estado de mayor capacidad para redistribuir recursos y promover la igualdad (…). También, por un Estado de Bienestar y no un Estado subsidiario, que avance hacia una estructura tributaria y un sistema de transferencias que privilegie la solidaridad social”. De aquí se sostiene la centralidad de la política y del Estado, para forjar pactos sociales extensos a la vez que profundos y para dotar al Estado de capacidades efectivas de promoción y coordinación social para la política.